Culiacán, Sinaloa.- Tras la reciente despenalización del aborto por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, la diputada del PAS, Angélica Díaz de Cuén, se manifestó completamente a favor de que no se criminalice a las mujeres, sin que ello implique la promoción absoluta del aborto, sino más bien, en construir un camino en el que las mujeres reciban la educación y la información necesaria para que puedan decidir libremente y con pleno uso de su conciencia sobre las consecuencias que, en muchas ocasiones, trae consigo un procedimiento de legrado, tanto en sus secuelas al cuerpo, como a la psique, por lo que, toda mujer que quiera tomar una decisión con respecto a su cuerpo, debe tener a su alcance la mejor asesoría médica y científica que exista.
A través de un posicionamiento enviado a la diputación permanente, Díaz de Cuén señaló que la postura del Partido Sinaloense de no criminalizar a la mujer, es congruente con la iniciativa que este mismo grupo político presentó el 24 de abril de 2020 para expedir la Ley de Amnistía para el Estado de Sinaloa, misma que fue aprobada el 11 de febrero de 2021 por el Pleno de este H. Congreso, ya que, dentro de las propuestas de otorgar amnistía a las mujeres de aquellos casos de delitos de aborto, en cualquiera de sus modalidades, previstas en el Código Penal para el Estado de Sinaloa, cuando se imputara a la madre del producto del embarazo interrumpido; y cuando se imputara a las y los médicos, o a las y los parteros, siempre que la conducta delictiva se haya llevado a cabo sin violencia y con el consentimiento de la madre del producto del embarazo interrumpido.
“Ya no queremos que en nuestra entidad se criminalicen a las mujeres; lo que sí queremos, es un Sinaloa en el que las mujeres tengan acceso a los servicios de salud, de otorgamiento gratuito de métodos anticonceptivos y a una educación sexual basada en conocimientos científicos que la ayuden a conocer su cuerpo y les proporcione la información suficiente para tomar la mejor decisión para sí mismas”.
Díaz de Cuén explicó que la penalización del aborto, lejos de ayudar a resolver el problema ha terminado por recrudecerlo en perjuicio de las mujeres más vulnerables, aquellas que sufren violencia familiar, que viven en comunidades con altos niveles de delincuencia, en pobreza extrema, en falta de educación y, mucho menos que cuenten con acceso a servicios de salud y métodos anticonceptivos.
Según la Organización Mundial de la Salud, entre 2015 y 2019 hubo en el mundo un promedio anual de 73.3 millones de abortos provocados, ya sea en condiciones de seguridad o sin ellas; también hubo 39 abortos provocados por cada 1000 mujeres de entre 15 y 49 años de edad; además, el 29% de los embarazos terminó en un aborto inducido, de los cuales 6 de cada 10 fueron sobre embarazos no deseados; de todos estos procedimientos, uno de cada tres se llevaron a cabo en condiciones muy riesgosas para la salud de las mujeres.
“Así pues, la Suprema Corte de Justicia emitió su resolución contra la despenalización, no a favor del aborto, sino por el respeto a decidir de las mujeres, con acceso a educación sexual, métodos anticonceptivos y servicios de salud, por una maternidad deseada, libre y voluntaria. Por una niñez querida y protegida. En este tema se debe partir de la premisa que ninguna mujer aborta porque le guste. Se enfrentan a disyuntivas múltiples y tienen que elegir. Entre ellas, están el comportamiento de los hombres ante el embarazo, y muy poco se hace para promover la paternidad responsable”.
